Últimas noticias sobre las políticas agroalimentarias de la UE que afectan a los países de ingresos bajos y medios
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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es una agencia de la UE que proporciona asesoramiento científico imparcial a los gestores de riesgos (Comisión Europea y Estados miembros). La EFSA recopila y analiza las investigaciones y datos existentes proporcionados por los Estados miembros u operadores alimentarios. Como principio básico, la legislación alimentaria de la UE se basa en el análisis de riesgos proporcionado por la EFSA [Reglamento General sobre Alimentación, Reglamento (CE) nº 178/2002, artículo 5]. Al desarrollar nuevas medidas, los gestores de riesgos también pueden tener en cuenta otros factores legítimos (sociales, económicos, ambientales) y el principio de precaución. En 2021, se adoptó un nuevo Reglamento [(UE) 2019/1381] para mejorar la transparencia del trabajo de la EFSA y ayudar a mantener la confianza pública en el organismo.
El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) se estableció para permitir el intercambio rápido de información entre los Estados miembros de la UE sobre riesgos para la salud pública relacionados con la cadena alimentaria. Sobre la base de la información compartida, los productos pueden ser potencialmente retirados del mercado con el objetivo de prevenir riesgos para la seguridad alimentaria antes de que causen daños. Solo los Estados miembros tienen acceso a los detalles de los casos individuales de riesgo alimentario que se notifican al RASFF. Sin embargo, el público puede tener acceso a información resumida a través de la base de datos de notificaciones de la Ventana RASFF.
En la Unión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo son responsables de adoptar las legislaciones. Sin embargo, pueden delegar a la Comisión el poder de adoptar Actos Delegados. Esto permite a la Comisión actuar de forma rápida y flexible, aprovechando su experiencia técnica. Los Actos Delegados complementan o modifican las leyes básicas de la UE, pero no pueden ir más allá del alcance de la legislación. La Comisión adopta Actos Delegados después de consultar a expertos nacionales y partes interesadas. Los Actos Delegados se presentan posteriormente al Consejo y al Parlamento, que no pueden modificarlos, pero bajo ciertas condiciones pueden vetarlos.
Los Estados miembros son responsables de aplicar las Directivas y Reglamentos de la UE. A veces se necesitan más actos para garantizar que estas Directivas y Reglamentos se apliquen uniformemente. Estos actos confieren poderes a la Comisión para adoptar Actos de Ejecución. La Comisión presenta proyectos de actos a comités compuestos por representantes de los Estados miembros (conocidos como "comitología"). El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros tienen derecho de control sobre los Actos de Ejecución.
Aunque el Tratado de Lisboa que reorganizó los poderes de las instituciones de la UE entró en vigor en 2009, todavía existe un debate en curso entre estas instituciones sobre los poderes de ejecución y delegados apropiados de la Comisión en relación con determinadas legislaciones. Por lo tanto, en algunos casos, los poderes siguen siendo los que se aplicaban antes del Tratado de Lisboa, en cuyo caso se utiliza el término "Reglamento de la Comisión" en lugar de "Reglamento Delegado/de Ejecución de la Comisión".
La legislación básica de la UE debe contar con el acuerdo del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, un proceso conocido como procedimiento legislativo ordinario. Después de la adopción de una propuesta por parte de la Comisión Europea, este proceso de consulta y acuerdo entre las tres instituciones puede durar entre 12 y 18 meses, pero en muchos casos demora mucho más (ver el video de la UE “¿Cómo pasa una propuesta a ser legislación de la UE?"). La legislación básica de la UE proporciona el marco jurídico en el que pueden desarrollarse normas más detalladas y elaboradas a través de actos delegados y de ejecución.
Ciertas regulaciones de importación de la UE requieren acciones por parte de las administraciones nacionales del país exportador. Por ejemplo, antes de que las empresas individuales puedan exportar carne, pescado y productos animales desde un determinado país, las autoridades deben cumplir ciertos requisitos y proporcionar información a la Comisión para ser incluidas en una lista de terceros países autorizados a exportar dichos productos.
Muchas leyes de la UE son Reglamentos que se aplican directamente en los Estados miembros de la UE. Algunas leyes son Directivas, que solo entran en vigor cuando se incorporan (o transponen) a la legislación nacional del Estado miembro. Una Directiva establece un objetivo que todos los países de la UE deben alcanzar, pero corresponde a cada Estado miembro desarrollar sus propias leyes para alcanzar estos objetivos. Una Directiva establecerá un plazo en el que los Estados miembros deben adoptar leyes nacionales. La Directiva sobre plásticos de un solo uso es un ejemplo reciente de una ley que se está transponiendo a las leyes nacionales. Esto puede llevar a diferentes normas en los Estados miembros de la UE.
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